Sánchez destituyó el día de la Mesa con Torra a la abogada del Estado que probó la malversación del 1-O

Sin esperas: el mismo día de la reunión de la Mesa de negociación entre Pedro Sánchez y Quim Torra, el presidente del Gobierno ordenó el cese de Carmen Tejera, la Abogada del Estado del Ministerio de Hacienda cuyo testimonio pericial en el juicio contra el golpe separatista del 1-O fue decisivo para probar la malversación de fondos.

Carmen Tejera tiene un currículum intachable: 17 años en el cargo, múltiples distinciones y el respeto absoluto de sus compañeros. Pero eso para Sánchez no es nada si se tiene que ganar el favor de Torra y el resto de los separatistas.

ERC pidió expresamente su cabeza. Hay que recordar que Tejera investigó la malversación y fue decisiva para probarla. Y el jefe de ERC era la cabeza económica de la Generalitat golpista de Carles Puigdemont.

JxCAT exigió igualmente su linchamiento. Y es que el testimonio de Tejera -al margen de su trabajo en Hacienda- terminó de desmontar buena parte de las mentiras separatistas.

Ahora se observa que las exigencias golpistas son más fuertes ante este Gobierno que los méritos y el cumplimiento de la ley.

Tejera, una profesional que ha trabajado defendiendo la ley para 5 ministros, ha sido cesada por la exigencia de partidos que albergan condenados por un golpe contra la Constitución y la unidad de España.
Y es que encontrar sesgo político en el trabajo de Tejera es complicado. Encontrar defensa de la ley y las instituciones es fácil.

Tejera formó parte del grupo de cuatro técnicos de Hacienda, expertos en materia fiscal, tributaria y presupuestaria que se sentaron como peritos en el juicio del 1-O para desgranar, a preguntas del Ministerio Fiscal, con un nivel de conocimiento envidiable –inédito en la Sala hasta la fecha- los datos que determinaron cómo el Govern de la Generalitat utilizó «fondos públicos» para «la organización, preparación, logística, financiación y ejecución del referéndum» ilegal, del 1 de octubre de 2017.

Los peritos tienen la obligación legal de decir la verdad, actuar con la mayor objetividad posible y aportar luz al tribunal sobre los hechos «objeto de análisis», parafraseando al propio Marchena. Y así lo hizo Tejera. Tanto en lo que pueda favorecer como en lo que pueda perjudicar a cualquiera de las partes. Por ello, las cuatro abogadas del Estado, asesoras en el Ministerio de Hacienda, dejaron claro que sus pesquisas, recogidas en un dictamen profesional, buscaban «la verdad material». En una palabra, se trataba de diagnosticar si la actuación de la Generalitat, vinculada al 1-O, provocó un «perjuicio al patrimonio público».

Y así lo hicieron. Y lo probaron.

Hoy, esa labor le ha costado la cabeza profesional a Tejera.